El informe 2024 del Índice de Estado de Derecho del World Justice Project (WJP) ubicó a Bolivia en el penúltimo lugar del mundo en el factor “ausencia de corrupción”, ocupando el puesto 141 de 142 países evaluados. Esta calificación representa un retroceso con relación al informe anterior y posiciona al país como el más afectado por la corrupción en la región. El estudio analizó diversos aspectos del Estado de derecho en cada nación, entre ellos las limitaciones al poder gubernamental, el respeto a los derechos fundamentales, el cumplimiento de leyes y el acceso a la justicia.
Dentro del análisis sobre corrupción, Bolivia obtuvo sus peores calificaciones en el ámbito judicial, situándose en la posición 140. Le siguieron bajos resultados en las instituciones policiales y militares (137), el Ejecutivo (131) y el Legislativo (120). El puntaje total en este rubro fue de 0,23 sobre 1, reflejando un deterioro progresivo en la percepción y manejo de la corrupción dentro del aparato estatal.
A nivel general, Bolivia se ubicó en la posición 131 del ranking global sobre Estado de derecho, solo por encima de tres países en América Latina: Nicaragua, Haití y Venezuela. En contraste, Uruguay y Chile se posicionaron como los mejores calificados de la región. A escala global, los primeros puestos fueron ocupados por Dinamarca, Noruega y Singapur.