El Gobierno de Bolivia solicitó formalmente información al Gobierno argentino respecto a las recientes modificaciones en su Régimen Migratorio, las cuales incluyen la expulsión de extranjeros condenados por delitos, incluso si la pena es leve, y la prohibición de ingreso a personas con antecedentes penales. También se establece el cobro por la atención médica a extranjeros en hospitales públicos, medida que se fundamenta en el costo que generó ese servicio para el Estado argentino durante 2024, según informes de medios internacionales. Solo se garantizará atención gratuita en situaciones de emergencia.
Ante estos anuncios, el viceministro de Gestión Consular e Institucional, Fernando Pérez, sostuvo una reunión con el embajador de Argentina en Bolivia, Marcelo Massoni, para abordar el comunicado emitido esta semana por la Oficina del presidente argentino, Javier Milei. Según un comunicado de la Cancillería boliviana, el objetivo del encuentro fue obtener información detallada sobre la implementación de estas medidas y resguardar los derechos de las y los ciudadanos bolivianos en Argentina, dentro del marco de las funciones consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores.
La comunidad boliviana es una de las más numerosas en territorio argentino, con una presencia destacada en sectores como la agricultura y la industria textil. La Cancillería de Bolivia reiteró que continuará desarrollando acciones destinadas a documentar y asistir a los bolivianos que residen en ese país, tal como lo ha venido haciendo de manera permanente.